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Alliana despliega militares por inundaciones y endurece régimen carcelario en Paraguay
Pedro Alliana ordena despliegue militar por inundaciones y elimina privilegios en cárceles tras asumir la presidencia de Paraguay.
El presidente de Paraguay, Pedro Alliana, anunció este domingo el despliegue de las Fuerzas Armadas para asistir a las familias afectadas por las inundaciones y ordenó la eliminación de privilegios en los centros penitenciarios del país. Estas medidas constituyen las primeras acciones de su gobierno, tomadas dos días después de asumir la presidencia tras la destitución de Santiago Peña.
A través de su cuenta en la red social X, Alliana informó que instruyó al ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, a garantizar el cumplimiento estricto de la ley en las cárceles, asegurando que ningún procesado tendrá trato especial. El mandatario señaló que las operaciones conjuntas de seguridad mantendrán el control permanente en las instalaciones penitenciarias.
En el ámbito de la emergencia por inundaciones, el presidente ordenó movilizar el Comando Logístico de las Fuerzas Armadas hacia Itá Corá, en el departamento de Ñeembucú, para reforzar la distribución de alimentos. Esta acción responde a la crecida del río Paraná, que ha afectado a numerosas familias en la región.
El anuncio se realizó durante una reunión con el vicepresidente Antonio Barrios, el jefe de Gabinete Civil, Rolando de Barros, y los ministros de Economía, Industria, Justicia y Defensa. Alliana resumió su gestión con la frase: «Mi prioridad es dar respuestas a los paraguayos: menos palabras y más resultados», enfatizando la necesidad de brindar una asistencia rápida y efectiva a la ciudadanía.
La decisión sobre las condiciones penitenciarias se produce en el contexto de la prisión preventiva dictada por el juez Humberto Otazú contra el expresidente Santiago Peña, imputado por lesión de confianza y administración en provecho propio. Peña fue enviado al Regimiento Escolta Presidencial en Asunción, mientras que otros cinco directivos de Ueno Bank permanecen detenidos en la antigua cárcel de Tacumbú.
La crisis política y financiera que motivó estas medidas comenzó el 2 de noviembre, cuando el Banco Central intervino Ueno Bank por problemas de solvencia, afectando a aproximadamente 2.8 millones de depositantes. Hasta el sábado, se habían realizado pagos a 1,196,000 personas por un monto cercano a los 160 millones de dólares, con un plazo para completar las garantías que vence el 17 de noviembre.
La Fiscalía ha abierto investigaciones que también alcanzan al actual presidente Pedro Alliana, aunque la Cámara de Diputados rechazó incluirlo en el proceso de destitución. La situación financiera continúa siendo un foco de atención, con las autoridades trabajando en la devolución de depósitos a los ahorristas afectados por el colapso bancario.
