Autorizan extradición de tres dominicanos a EE. UU.

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, en su condición de encargada del Poder Ejecutivo, autorizó mediante los decretos 716-26, 717-26 y 718-26 la extradición de tres ciudadanos dominicanos requeridos por Estados Unidos. Las decisiones administrativas responden a acusaciones formales por narcotráfico, homicidio, agresión, posesión ilícita de armas y fraude electrónico.

El Decreto 716-26 ordena la entrega de Darío Bautista, quien enfrenta cargos ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. La acusación, presentada el 28 de agosto de 2025, lo señala por asociación delictuosa para importar a territorio estadounidense cinco kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contiene una cantidad detectable de cocaína.

Ramón Joaquín Romero Bastardo será extraditado bajo el Decreto 717-26, tras una acusación formal identificada con el expediente IND-74900-24, presentada el 29 de octubre de 2024 ante la Corte Suprema del Estado de Nueva York, en el condado del Bronx. A Romero Bastardo se le atribuyen cargos de asesinato en segundo grado, homicidio involuntario en primer grado, agresión en grupo en primer grado, agresión en segundo grado y posesión ilícita de un arma en cuarto grado.

La tercera entrega corresponde a Luis Arismendy Paca Méndez, autorizada mediante el Decreto 718-26. Su requerimiento se basa en una acusación sustitutiva presentada el 12 de febrero de 2026 ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, donde enfrenta cargos por asociación delictuosa para cometer fraude electrónico.

Los tres decretos establecen que las entregas están condicionadas al cumplimiento por parte de Estados Unidos de la garantía contemplada en el artículo 6 del Tratado de Extradición entre la República Dominicana y ese país. Dicho tratado fue aprobado mediante la Resolución núm. 507-16, del 10 de junio de 2016.

Las disposiciones autorizan la entrega de los tres ciudadanos para que respondan ante las autoridades judiciales estadounidenses por los cargos que se les imputan en las distintas jurisdicciones donde se tramitan sus procesos.