Corte IDH ordena a Nicaragua proteger a E.J.F.C. y sus hijas tras su desaparición

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó este miércoles al Estado de Nicaragua garantizar la vida, la integridad y la libertad personal de E.J.F.C. y sus hijas C.M.F. y M.M.F., tras constatar que el paradero de la madre y de una de sus hijas se desconoce desde 2025. La resolución incluye medidas provisionales que exigen al gobierno nicaragüense levantar cualquier restricción que encubra su ubicación y cese el aislamiento de la menor M.M.F., asegurándole acceso a educación, salud y atención psicosocial.

El caso se deriva de una demanda en trámite ante la Corte IDH por la alegada persecución contra Santos Sebastián Flores Castillo y su familia, vinculada a denuncias de violencia sexual presuntamente cometidas por el presidente Daniel Ortega contra su hermana E.J.F.C. en 2005, cuando esta era menor de edad. Flores Castillo fue condenado en 2013 a quince años de prisión en un proceso que los denunciantes califican de fabricado como represalia, y falleció el 8 de noviembre de 2021 bajo custodia estatal en el centro penitenciario La Modelo.

Según los representantes de las presuntas víctimas, E.J.F.C. y su hija C.M.F., de trece años, desaparecieron el 21 de marzo de 2025, cuando agentes estatales las sacaron de su domicilio. En cuanto a M.M.F., de ocho años, los denunciantes indican que permanece bajo vigilancia permanente de agentes en la casa familiar, sin acceso de su familia, sin asistir a la escuela desde hace aproximadamente dos años y sin actividades recreativas, con la última información disponible datada de mayo de 2026.

La Corte IDH también ordenó al Estado nicaragüense hacer efectivas las medidas necesarias para garantizar la reunificación de E.J.F.C. y C.M.F. con M.M.F., e informar de manera oficial e inmediata sobre su paradero y condiciones. Estas medidas responden a una solicitud presentada por los representantes del caso de Flores Castillo ante el tribunal internacional.

Nicaragua se encuentra en desacato ante la Corte IDH desde 2022, cuando el Estado se negó a cumplir resoluciones previas que exigían la liberación y garantía de derechos de más de un centenar de personas opositoras encarceladas. Desde entonces, el gobierno nicaragüense no responde a las órdenes del tribunal ni acredita representantes para las audiencias correspondientes.