Detienen a ejecutiva de Ueno Casa de Bolsa por destruir documentos del caso Peña

La jefa de Operaciones de Ueno Casa de Bolsa, Andrea Benítez, fue detenida este lunes en Asunción, Paraguay, por presuntamente destruir documentos vinculados a las operaciones bursátiles del expresidente Santiago Peña. Según el Ministerio Público paraguayo, los fiscales Ruth Benítez y Silvio Corbeta la sorprendieron en las instalaciones de la casa de bolsa mientras rasgaba hojas impresas esa misma mañana, a las 11:45, minutos antes de la llegada de los investigadores.

Durante el procedimiento, las autoridades encontraron en un basurero varios fragmentos de documentos que contenían direcciones de correo electrónico de personas con cargos relevantes en empresas del Grupo Vázquez, propietario del conglomerado investigado. Tras el hallazgo, Benítez fue imputada por el presunto delito de frustración de la ejecución penal, mientras las autoridades trabajan en la recuperación y análisis de los papeles destruidos.

La detención se produjo en el marco de una serie de allanamientos en propiedades vinculadas al expresidente Santiago Peña y al extitular del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, ambos bajo prisión preventiva. En la residencia de verano de Peña, ubicada en San Bernardino, a unos 50 kilómetros de Asunción, las autoridades ocuparon computadoras, documentos y un teléfono celular, además de localizar una bóveda de seguridad de alta complejidad que permanece cerrada por falta de equipos técnicos para abrirla.

Santiago Peña fue destituido el 6 de noviembre mediante un juicio político aprobado por los 44 senadores presentes, tras lo cual perdió sus prerrogativas y fue sometido a prisión preventiva. Carlos Carvallo se entregó a la Policía el 7 de noviembre. Según el expediente, entre 2023 y 2026, Ueno Bank recibió depósitos de organismos estatales y entidades previsionales mientras concedía préstamos a empresas de su propio grupo, con Peña imputado por administración en provecho propio y lesión de confianza.

Las autoridades estiman que alrededor de 800 millones de dólares de instituciones estatales, principalmente fondos previsionales, estuvieron comprometidos en las operaciones investigadas, afectando a aproximadamente 32,000 jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS). La Fiscalía ha identificado unas 37 compañías y 35 personas vinculadas al caso, y dispuso embargos preventivos superiores a los 70 millones de dólares sobre bienes de directivos y sociedades como U Paraguay, U Holdings y Grupo Vázquez.

Las investigaciones se han extendido internacionalmente con solicitudes de cooperación a Argentina, Luxemburgo y Estados Unidos para localizar y recuperar bienes. El fiscal Francisco Cabrera explicó que las medidas buscan recuperar recursos para que los ahorristas afectados reciban la totalidad de sus depósitos, mientras la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción mantiene bajo reserva parte de las actuaciones debido a la complejidad del expediente.