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DOJ despliega 1.000 observadores para supervisar comicios de medio mandato en EE.UU.
El DOJ desplegó 1.000 observadores en EE.UU. para supervisar los comicios de medio mandato, mientras el Tribunal Supremo rechazó una petición de la Administración Trump para bloquear el conteo de 20.000 papeletas en California.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) desplegó 1.000 observadores en los 50 estados para supervisar la votación de los comicios de medio mandato celebrados el martes, en lo que la institución describió como el mayor operativo de observación electoral de su historia.
Harmeet K. Dhillon, fiscal general adjunta de la División de Derechos Civiles del DOJ, afirmó que el despliegue busca promover la transparencia en los procesos electorales de manera firme y no discriminatoria. Según un comunicado oficial, la misión del departamento incluye garantizar la integridad electoral, apoyar elecciones libres y justas y proteger el derecho al voto, aunque la potestad para organizar las elecciones reside en los estados.
El presidente Donald Trump ha agitado en los últimos días el fantasma del fraude electoral en estos comicios, en los que los sondeos otorgaban al Partido Demócrata posibilidades de arrebatar la mayoría republicana del Congreso. La Administración de Trump centró su atención en el estado de California, bastión demócrata, e intentó impedir la contabilización de 20.000 papeletas inscritas para votar, a las que consideraba posibles no ciudadanos estadounidenses.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó el lunes una petición de emergencia presentada por la Administración para bloquear el conteo, sin explicar los motivos. Previamente, tribunales inferiores también habían denegado la solicitud, en virtud de la cláusula constitucional que otorga a los estados el control sobre los procedimientos electorales.
El gobernador de California, Gavin Newsom, advirtió la víspera contra posibles injerencias en el proceso electoral del estado. En un video publicado en sus redes sociales, Newsom anunció que quienes interfieran serán procesados por delitos graves conforme a la legislación estatal, exigiendo que quienes manipulen papeletas rindan cuentas ante la Justicia.


