INRH: Apagones y averías afectan suministro de agua a 2,7 millones en Cuba

El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH) informó que el suministro de agua en Cuba está afectado este viernes para más de 2,7 millones de personas, debido principalmente a la falta de electricidad y a averías en las fuentes de abastecimiento.

Yunior González, vicepresidente primero del grupo empresarial de agua y saneamiento del INRH, explicó en la televisión estatal que una rotura en una conductora principal de Cuenca Sur, la más importante abastecedora de agua a La Habana, tuvo un peso «muy grande» en la afectación del servicio a más de 200.000 habitantes de tres municipios de la capital cubana.

Aunque se reparó la rotura ayer, el proceso para reanudar el servicio ha demorado entre seis y siete horas, señaló el directivo. El reporte televisivo, que desde hace un par de semanas hace seguimiento a la situación, también refirió incidencias en el suministro en las provincias occidentales Pinar del Río y Artemisa, y las orientales Granma y Holguín.

Los apagones han agudizado el problema del servicio en los últimos meses, debido a que las operaciones de los equipos de bombeo dependen de la electricidad para su funcionamiento. Las autoridades del sector reconocen estas razones y señalan el deterioro de las redes hidráulicas por déficit de inversiones y mantenimiento como un factor agravante.

El Gobierno cubano está ejecutando más de 300 obras de manera emergente y ha recurrido al montaje de equipos de energía fotovoltaica para apoyar el bombeo del agua. Sin embargo, estos esfuerzos no han logrado solucionar efectivamente la crisis, y la población sigue enfrentando largas esperas para recibir agua.

Cuba arrastra una severa crisis energética desde mediados de 2024, en parte por un sistema energético profundamente obsoleto y sin las inversiones necesarias durante décadas, a lo que se añade una profunda crisis económica. Esta circunstancia ha escalado desde enero con el cerco petrolero aplicado por Estados Unidos al que ha sumado una serie de sanciones de «máxima presión» a partir de mayo contra sectores vitales de la economía de la isla.