Legisladores debaten prórroga penal para empresas

Legisladores de la Cámara de Diputados debatieron la prórroga del plazo para la aplicación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, una iniciativa que busca ampliar a dos años el período de adaptación al nuevo Código Penal. La discusión se enmarca en el proyecto presentado por el senador Rafael Barón Duluc Rijo, que modifica el artículo 31 del Código Penal y que ya fue aprobado por el Senado.

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) solicitó al Congreso Nacional completar la aprobación de la pieza mediante comunicaciones dirigidas a los presidentes de ambas cámaras, Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco. El gremio argumentó que las empresas requieren más tiempo para ajustarse a las nuevas exigencias legales, valorando la aprobación de urgencia en la Cámara Alta.

El senador Dagoberto Rodríguez expresó que el Congreso puede conceder flexibilidad mediante una prórroga, aunque advirtió que cualquier extensión debe concluir con el cumplimiento de las disposiciones legales. “Si se le puede dar la oportunidad de la flexibilidad y darle una prórroga, pues no hay problema”, afirmó, precisando que una vez agotado ese período, “no habrá más prórroga ni habrá más extensión”.

Alcibíades Tavárez respaldó la ampliación del plazo a dos años, considerando que tres meses resultan insuficientes para que las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, realicen los ajustes necesarios. “Yo creo que dos años es prudente y estamos totalmente de acuerdo”, manifestó, al señalar la necesidad de propiciar un clima que permita a las empresas mantener sus operaciones.

El diputado Amado Díaz aseguró que existe consenso para dar curso a la iniciativa en la Cámara de Diputados y expresó sorpresa ante las declaraciones del dirigente empresarial Celso Juan Marranzini. “Lo único que estamos esperando es ponerlo en agenda y darle salida”, afirmó, explicando que la pieza será enviada a comisión y recibirá un tratamiento similar al otorgado en el Senado.

Por su parte, el diputado Eugenio Cedeño consideró atendible la extensión debido a los costos económicos, logísticos y técnicos de elaborar programas de cumplimiento para las micro, pequeñas y medianas empresas. Propuso establecer una mesa de trabajo entre el sector empresarial, el Ministerio de Trabajo, la Defensa Civil, el Ministerio de Industria y Comercio y la Procuraduría General para elaborar modelos que faciliten la adopción de esos programas, advirtiendo que la prórroga debe sustentarse en compromisos concretos.

En contraste, Carlos Sánchez sostuvo que las empresas han contado con tiempo suficiente para prepararse y defendió que las disposiciones entren en vigor conforme al calendario previsto. “Nadie puede estar exento de la ley”, planteó, al señalar que la aprobación en el Senado no modifica por sí sola los plazos establecidos, pues todavía debe completar el trámite legislativo correspondiente en la Cámara de Diputados.