Oposición chilena solicita juicio político al ministro de Justicia por rebajas de penas a condenados por delitos sexuales

La oposición de izquierda en Chile presentó este jueves en la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, con el objetivo de destituirlo e inhabilitarlo para ocupar cargos públicos durante cinco años. La iniciativa, impulsada por un grupo de parlamentarios, responde al escándalo generado por la concesión de beneficios carcelarios a condenados por delitos sexuales contra menores.

Según la acusación constitucional, el ministro vulneró la Constitución y tratados internacionales de protección de la infancia, como la Convención sobre los Derechos del Niño. Jorge Brito, diputado del Frente Amplio, afirmó que no serán cómplices de que criminales estén libres sin haber cumplido su condena, mientras que Raúl Leiva, del Partido Socialista, señaló que el presidente José Antonio Kast reconoció el error pero mantiene a Rabat en el cargo.

El conflicto estalló en octubre tras revelarse que Rabat firmó entre marzo y septiembre decretos que autorizaban rebajas de pena por buen comportamiento a 56 pederastas y a al menos dos procesados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). El ministro defiende que cumplió con la ley, argumentando que la Corte Suprema concede estas rebajas de manera automática, independientemente de su criterio.

Andrea Parra, diputada del Partido por la Democracia, contradijo la versión oficial al afirmar que la Corte Suprema nunca obligó al ministro a tomar dichas decisiones. La izquierda y la centroizquierda, que anunciaron la solicitud hace dos semanas, no cuentan con los 78 votos necesarios para aprobarla en la Cámara Baja, por lo que requieren el apoyo de sectores de derecha ajenos al Gobierno.

Esta crisis constituye uno de los mayores desafíos para el presidente Kast desde que asumió el poder en marzo de 2026. Pese a las demandas de su propio sector para remover al ministro, el mandatario se ha negado a hacerlo, lo que ha provocado que su popularidad caiga por debajo del 30 % en la mayoría de las encuestas disponibles.