Tribunal separa a dos imputados del caso Calamar y aplaza juicio contra Donald Guerrero Ortiz

El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dispuso este miércoles el desglose del expediente de Santiago Roberto Moquete y del excontralor Daniel Omar Caamaño Santana del juicio penal por corrupción administrativa contra el exministro de Hacienda Donald Guerrero Ortiz y otros procesados. La medida fue adoptada a solicitud del Ministerio Público, que argumentó razones humanitarias por el estado de salud de ambos imputados y la necesidad de avanzar en el conocimiento del proceso contra los demás involucrados.

Tras acoger la solicitud, la defensa de Moquete presentó una nueva recusación contra las magistradas Leticia Martínez Noboa y Evelyn Rodríguez, lo que impidió la continuación inmediata de la audiencia. El tribunal, presidido por la magistrada Arlin Ventura, calificó la acción como una posible maniobra dilatoria, invocó el Artículo 135 del Código Procesal Penal y remitió el incidente a la corte de apelación, que previamente había rechazado una recusación similar presentada por la defensa de Juan Tomás Polanco.

El fiscal Melbin Romero Suazo calificó la actuación de la defensa como un acto de deslealtad procesal, señalando que la recusación se produjo después de que el tribunal aceptara la separación por motivos de salud. Romero Suazo, junto a los fiscales Rosa Ysabel, Miguel Crucey y Jhensy Víctor, valoró la advertencia del tribunal sobre la posibilidad de imponer sanciones si se repiten actuaciones contrarias a la lealtad procesal.

La nueva audiencia fue fijada para el próximo 18 de noviembre, a las 9:00 de la mañana, mientras se tramita el incidente de recusación. Esta no es la primera separación en el caso, ya que en octubre pasado el tribunal también dispuso el desglose del proceso correspondiente a Rafael Porfirio Calderón Martínez.

El caso, conocido como Operación Calamar, involucra a exfuncionarios y particulares acusados de integrar una estructura que defraudó al Estado dominicano con más de 19,000 millones de pesos. Según la acusación presentada en septiembre, los recursos fueron desviados mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y sobornos destinados a financiar la campaña electoral de 2020. Los procesados fueron apresados en 2023 durante la puesta en marcha de la operación.