Oposición chilena solicita juicio político al ministro de Justicia por liberación de pederastas

La oposición de izquierda en Chile presentó este jueves en la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, con el objetivo de destituirlo e inhabilitarlo para ocupar cargos públicos durante cinco años. La iniciativa fue impulsada por un grupo de parlamentarios tras el escándalo generado por la concesión de rebajas de penas a reclusos condenados por delitos sexuales.

El diputado Jorge Brito, del Frente Amplio, afirmó que no serán cómplices de que pedófilos y criminales estén libres sin haber cumplido su condena. Por su parte, el diputado socialista Raúl Leiva señaló que el presidente de la República reconoció que la concesión de los beneficios carcelarios fue un grave error sin justificación jurídica, técnica o política, pero que mantiene a Rabat en el cargo.

El conflicto estalló en octubre cuando se reveló que el ministro firmó entre marzo y septiembre varios decretos que autorizaban rebajas de pena por buen comportamiento a 56 pederastas y a al menos dos procesados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Fernando Rabat defiende que cumplió con la ley y que no tenía otra opción que firmar los decretos, argumentando que la Corte Suprema concede la rebaja de penas de manera automática. Sin embargo, la diputada Andrea Parra, del Partido por la Democracia, sostuvo que la Corte Suprema nunca obligó al ministro a tomar dichas decisiones.

La oposición no cuenta con los 78 votos necesarios para aprobar la acusación constitucional en la Cámara Baja y requiere el apoyo de sectores de derecha ajenos al Gobierno. Esta situación constituye una de las mayores crisis enfrentadas por el presidente José Antonio Kast desde que asumió el poder en marzo, lo que ha llevado su popularidad a mínimos, situándose por debajo del 30 % en la mayoría de las encuestas.

El mandatario se niega a remover al ministro pese a las demandas internas de su sector político. La acusación constitucional también alega que Rabat vulneró la Constitución y tratados de protección de la infancia, como la Convención sobre los Derechos del Niño.